Derechos Humanos, Historia

El Mozote y el Estado cómplice de las matanzas

El Mozote. VoxBox.

Derechos Humanos.- 978 personas fueron asesinadas en diciembre de 1981 en el caserío El Mozote y lugares aledaños. De esas, 477 tenían menos de 12 años y 248 eran menores de seis.

A pesar de todas las pruebas científicas, de los testimonios de los testigos, sobrevivientes y familiares de sobrevivientes, la masacre de El Mozote sigue dividiendo la opinión de los que conocen el caso. Por un lado, los que lo niegan; por el otro, los que aceptan que sí sucedió pero que aseguran que estaba justificada la barbarie, porque era campamento guerrillero. Pero estas dos posturas se quedan cortísimas ante la tercera vía: los que sí conocen el caso y piensan que hay que enterrarlo, que no hay que darle más vueltas al asunto, que tenemos suficientes muertos diarios como para estar pensando en los de hace 37 años.

Pero lo cierto es que la masacre sí sucedió, sí es un crimen de lesa humanidad (y crimen de guerra, además) porque lo cometió el Estado de aquel entonces; y sí, necesitamos hablarlo, analizarlo, debatirlo y, sobre todo, juzgarlo. Eso: justicia, es lo que necesitamos por sobre cualquier otra cosa.

Lastimosamente no siempre los medios de comunicación se preocupan por cubrir este caso, y, la mayoría de veces, cuando lo hacen no lo hacen bien, adrede o no. Así que la información que tenemos disponible resulta a veces insuficiente para comprender qué implica que haya un juicio abierto y cuáles han sido los grandes obstáculos para determinar a los culpables y resarcir a las víctimas.

Por eso, conversamos con David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, quien acompaña la lucha de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández. Morales actúa como Acusador Particular en el juicio, junto a dos abogados de Tutela Legal.

VoxBox: Veamos: en 1981 se realiza la masacre. En 1982 es descubierta por unos periodistas internacionales…

David Morales: De acuerdo a las investigaciones de Tutela Legal, y de acuerdo a información internacional y periodística, la Operación Rescate (nombre que recibe la operación que terminaría con la masacre de El Mozote y zonas aledañas) inicia aproximadamente entre el 7 u 8 de diciembre de 1981.

Ya en esas fechas hay un desplazamiento de al menos cinco compañías del Batallón Atlacatl, con un poco más de 600 hombres. Se presentan a la zona de Perquín, y en otras zonas del norte de Morazán. Comienzan un despliegue terrestre dirigiéndose hacia El Mozote.

Entre el 8 y 9 de diciembre, Domingo Monterrosa se instala en la población de Arambala, que es la población previa a entrar al área de El Mozote, y ahí (esto está probado en el juicio), hay evidencia testimonial de sobrevivientes, que vieron a Domingo Monterrosa que concentra a la población en el lugar; la amenaza, da un discurso, se identifica como el coronel Monterrosa, dice que ha llegado a “limpiar la zona”, y que la población de Arambala tiene suerte porque su orden es del Desvío en adelante. El Desvío del que habla es el que va hacia El Mozote. Sin embargo, ordena la tortura y el asesinato de siete hombres civiles, y por eso la masacre inicia ahí en Arambala, en esas fechas, entre el 8 y 9 de diciembre de 1981.

El 10 de diciembre ingresan a El Mozote, y concentran a la población civil en el caserío principal. Otra fuerza del Batallón Atlacatl se instala en una planicie de Jocoaitique, que se denomina Planicie de Las Aradas. Toman estas posiciones, tienen control de la población civil de ambos lugares.

El día 11 inician los exterminios masivos de la población concentrada en El Mozote. Asesinan a todas las familias que se encuentran en el lugar.

El 12 el contingente toma control de los caseríos Ranchería y Los Toriles, y exterminan a todas las familias que encuentran en el lugar.

El 13 de diciembre se producen esos mismos exterminios en el caserío Jocote Amarillo y en Cerro Pando.

Hay dos lugares más: Cerro el Ortíz, donde se encuentran un grupo de personas refugiadas y les lanzan una granada, con la que asesinan a varios niños y niñas, incluyendo una niña de 3 días de nacida. Su hermano, que era un niño de 6 años, quedó herido, pero sobrevivió y ha narrado los sucesos de este ataque; y el caserío El Pinalito, que es previo a El Mozote es también un caserío en el cual se encuentran familias. También las exterminan.

Estas son las zonas afectadas, muy claramente delimitadas. Hay algunos caseríos como Arambala, pero hay otros también, muy cercanos, donde la tropa pasó, y no realizó el exterminio. Muy claramente el plan militar de exterminio tenía una zona cuidadosamente planificada, probablemente desde el Estado Mayor de la Fuerza Armada.

VoxBox: Y en 1982 los periodistas internacionales…

David Morales: En enero de 1982 se da lo que quizás es el evento periodístico más importante: los famosos periodistas Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner, junto a la fotógrafa de guerra Susan Meiselas ingresan a la zona, documentan la existencia de la masacre, reporteando tanto para New York Times, como para Washington Post. Son portada de ambos periódicos en el mes de febrero de 1982 en los Estados Unidos. Entonces la masacre se conoce internacionalmente desde aquel momento.

Es llamativo cómo desde el primer momento comienza a construirse la impunidad en el caso. El Alto Mando de la Fuerza Armada niega el crimen. La Junta Cívico-Militar de aquel momento, que la preside ya Napoleón Duarte, niegan la existencia de la masacre. La embajada de los Estados Unidos en El Salvador niega la existencia de la masacre, y lo mismo harán los personeros del gobierno de Ronald Reagan ante el congreso, para justificar la continuidad de la ayuda militar, pese a las evidencias sobre este crimen masivo.

VoxBox: ¿Ninguna investigación se abre a pesar de la evidencia periodística?

David Morales: Jamás las autoridades salvadoreñas promovieron ninguna investigación, durante casi una década. Ni la FGR, ni los tribunales de aquel momento. Es hasta poco antes de cumplirse los diez años, antes que se pueda argumentar un plazo de la prescripción, que la doctora María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, impulsa una investigación, que es posible hacer en aquel momento, en 1990, porque el campamento de refugiados de Colomoncagua, en Honduras, se ha desinstalado y los refugiados de ese campamento repoblaron el norte de Morazán.

Entre ellos venían muchos sobrevivientes y testigos de la masacre, incluida Rufina Amaya. Entonces es posible para Tutela Legal, a pedido de las víctimas, iniciar esta investigación, motivar y acompañar para que los sobrevivientes presentaran una denuncia penal el 26 de octubre de 1990, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, ese es el juzgado que tiene el caso.


Aquí hacemos un paréntesis para hacer esta aclaración respecto al Código Penal bajo el que se está llevando a cabo el juicio de El Mozote en la actualidad:

Este quizás es un aspecto procesal importante en el caso, nos dice Morales. Y continúa:

El juez reabre con el antiguo Código y estamos los acusadores que presentamos acusación en el año 2006. Tanto el abogado de Tutela Legal, Wilfredo Medrano, como mi persona, en aquel momento también yo integrando Tutela Legal que era del Arzobispado, nos mostramos parte acusadora y el juez de la causa no le dio trámite a la acusación porque consideró que la Amnistía no permitía darle proceso.

Cuando el caso se reabre en 2016, diez años después de que habíamos presentado la acusación, uno de los primeros actos del juez es que le da trámite a la acusación al no tener ya el obstáculo de la Amnistía válido dentro del caso, por inconstitucionalidad. De esa forma, la acusación particular se activa finalmente en el juicio, y tenemos la posibilidad, los acusadores de Tutela Legal y Cristosal, de empujar la investigación del caso.


VoxBox: Y mientras tanto, El Salvador firmaba los Acuerdos de Paz…

David Morales: Sí, sobrevino el proceso de paz, el trabajo de la Comisión de la Verdad. Esto cambió el contexto político de la época, marcó el fin de la guerra, que también era un situación muy importante en torno al caso, y este mismo contexto permitió que el tribunal sí realizara inspecciones, y por primera vez la exhumación, quizás la más importante que se ha dado del caso, que fue el sitio 1 de El Mozote.

El sitio 1 da a una pequeña cabaña que la población llamaba El Convento, al lado de la ermita de la iglesia.

VoxBox: ¿Ahí fue cuando se hizo el peritaje con el equipo argentino?

David Morales: En efecto, ahí intervino el equipo argentino de antropología, que Tutela Legal luchaba, desde 1991, para que estas expertas vinieran y fueran acreditadas. Se bloqueaba su participación. Vinieron a trabajar también la exhumación, como respaldo especialista al equipo argentino, eminentes científicos forenses de los Estados Unidos.

VoxBox: ¿Qué es lo importante de la Fosa 1?

David Morales: La Fosa 1 permitió la recuperación de 143 esqueletos, en una pequeña cabaña de 3 por 7 metros, aproximadamente. De esos 143 esqueletos, 136 correspondían a niños y niñas con un promedio de edad de 6 años. Se estableció científicamente que fueron asesinados con armas de fuego por un mínimo de 24 tiradores que utilizaban fusiles M16, con balas fabricadas en Lake City, Estados Unidos. Este peritaje forense, además, determinó que esta “pila” de niños y niñas asesinados no murieron en ningún fuego cruzado o en un combate. Descartaron plenamente esa posibilidad, y categóricamente concluyeron que se trataba de un crimen masivo, de una ejecución masiva extrajudicial. Es una conclusión científica del peritaje forense del equipo argentino y los expertos norteamericanos en 1992, como resultado de la Fosa 1. Entonces la prueba científica, desde aquel momento, fue muy contundente: se trataba de población civil, de niños y niñas. Esta evidencia científica se fortaleció posteriormente.

Pero una vez llegó la Ley de Amnistía, una vez se retiró la Comisión de la Verdad de su trabajo de campo, que comenzó a darse la etapa de replanteamiento de la labor de la misión de Naciones Unidas para seguir los diferentes acuerdos de paz, el juez de aquel momento paralizó las investigaciones; y en 1993, al cobrar vigencia la Ley de Amnistía, la aplicó al caso, y lo archivó. Desde entonces, y hasta 2016, estamos hablando de 23 años, el Estado, el juzgado, pero también la propia FGR que nunca tomó iniciativa, el poder político expresado en la vigencia de la Ley de Amnistía por un acto legislativo, mantuvieron clausurado el caso. O sea, estamos hablando de un caso cerrado durante 23 años por un obstáculo arbitrario, inconstitucional, violatorio del Derecho Internacional que puso el Estado de El Salvador durante 23 años.

VoxBox: ¿Cuántas personas están siendo acusadas?

David Morales: Son un total de 18. Porque inicialmente eran 20 y se confirmó posteriormente que dos ya habían fallecido (aclaración editorial: esta entrevista se realizó antes del 3 de octubre, fecha en que falleció el coronel Francisco Adolfo Castillo, por eso David Morales solo menciona a dos de los acusados como fallecidos)

Para hacerlo más fácil, pusimos la lista de los acusados por la masacre de El Mozote en este cuadro:

Y aquí este otro:

VoxBox: ¿Por qué es importante hablar de los acusados?

David Morales: Es importante destacar a quienes dieron la orden y dirigieron a las tropas en el terreno, o prepararon el operativo de la masacre porque El Mozote no fue un caso aislado. En el período en que esta cúpula militar ejerció el poder, que va desde 1980 a 1983, se produjeron decenas de operativos similares en los que se perpetraban matanzas de población civil campesina. Fue una práctica sistemática.

VoxBox: ¿Hay registro de estos otros casos?

David Morales: Por supuesto. Incluso hay casos en sede judicial. La práctica sistemática de matanza de civiles como un mecanismo de terrorismo de Estado que incorporaron las Fuerzas Armadas y su cúpula como una forma de estrategia contra insurgente: generar terrorismo de Estado, exterminios humanos en zonas rurales donde existía presencia o actividad de las guerrillas en aquel momento. La Comisión de la Verdad retrata muy claramente este patrón de violencia. Lo identifica como un patrón específico que era el de la perpetración de masacres de población campesina en estas zonas, se aplicó esta estrategia aberrante también en Guatemala, en años similares, durante el genocidio…

VoxBox: ¿Esta es la que se le denominó “Tierra arrasada”?

David Morales: En efecto, se le llamaba Tierra arrasada, utilizando un antiguo lema militar que dice “quitarle al agua al pez”, que consideraba que la guerrilla era un pez que se movía y se ocultaba en “el agua” de la población civil. Entonces se exterminaban civiles. Buscaban de esta manera disuadir o quebrar la fuerza de voluntad de quienes consideraban sus adversarios militares. Pero obviamente, al realizarse esta práctica sistemática, podemos estar hablando muy claramente de un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al Derecho Internacional. Igualmente El Salvador era ya suscriptor del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que regula las prohibiciones que deben de tener en un conflicto armado interno las partes en guerra, y que en ningún caso pueden atacar población civil. Por lo tanto, hablamos que, además de ser un crimen de lesa humanidad, es un crimen de guerra, de acuerdo al Derecho Internacional. Y, por supuesto, en el Derecho Interno se trata de delitos gravísimos.

VoxBox: ¿Se tiene el dato de cuándo iniciaron estas masacres, bajo esta filosofía de la Tierra arrasada?

David Morales: Las masacres de civiles inician después que, utilizando a los Escuadrones de la Muerte, eliminaron a Monseñor Romero. Ya hay masacres de estudiantes, campesinos, obreros, adversarios políticos desde mediados de los años setenta. Pero estas grandes masacres de población civil, de mayores envergaduras, la Tierra arrasada, inicia después de que se ha producido el magnicidio de Monseñor Romero. Y una fecha muy simbólica es el 13 y 14 de mayo de 1980, con la masacre del Río Sumpúl, donde se exterminan más de 600 pobladores en Chalatenango. Hay un proceso penal en un juzgado de Chalatenango abierto en la actualidad por esta masacre. En marzo de 1981 es creado el Batallón de Infantería Atlácatl, y a partir de su creación, en esta gestión de la cúpula del ministro Guillermo García y del Jefe de Estado Mayor Rafael Flores Lima, se vuelve un instrumento que participa en muchas de estas operaciones en las que se exterminaba población civil. Dos ejemplos muy dolorosos son: la masacre de El Calabozo…

VoxBox: ¿Dónde está El Calabozo?

David Morales: El Calabozo es un lugar del río Amatitán, situado justamente en el cantón Amatitán, del municipio de San Esteban Catarina, en San Vicente, donde también se produce un operativo militar de gran envergadura, denominado Operativo Mario Azenón Palma, donde se exterminan más de 200 personas. Participa directamente el Batallón Atlácatl.

Las masacres del Sumpúl, El Mozote y El Calabozo están incluidas como ejemplos de este patrón de violencia en el Informe de la Comisión de la Verdad. Hay otros casos que han sido empujados por las organizaciones de DDHH, el Centro de DDHH Madeleine Lagadec ha impulsado las denuncias y exigido justicia para casos como la masacre de Tenango Guadalupe, la masacre de San Francisco Angulo, también en San Vicente, y otras masacres. La asociación Pro Búsqueda promueve la justicia para el caso de la masacre de La Conacastada, que es también en San Vicente, en el contexto también que se produce la mascare de El Calabozo, y hay registros de diferentes fuentes de Derechos Humanos que hablan de decenas de casos entre 1980 y 1984. Es decir, una estrategia de guerra.

VoxBox: Volvamos al tema de El Mozote…

David Morales: Está probado en el juicio que las unidades militares que participaron de esta masacre en El Mozote y sitios aledaños, fueron, por supuesto el Atlácatl, pero también dos unidades de infantería más: la del centro de instrucción de comandos, situada en San Francisco Gotera y las tropas de la Tercer Brigada de Infantería, con sede en San Miguel, donde se encontraba la jefatura militar regional en la que se encuentra incluido Morazán. El Mozote y sitios aledaños estaban bajo la jurisdicción de la Tercera Brigada de Infantería, el comandante de esta Brigada, Jaime Flores Grijalba, era el jefe militar de la zona.

Estas unidades, y esta región militar, brindan el apoyo necesario. Y también brindan apoyo militar la Fuerza Aérea, y la Brigada de Artillería, esta última realizando mortereos hacia las zonas donde se produjo la masacre, previo al ingreso de las tropas de infantería, y generando ya, desde este bombardeo, graves daños. Después, la Fuerza Aérea colabora con todo el desarrollo del despliegue operativo: transportando tropas, incluso disparando contra la población.

He mencionado diversas unidades militares. Incluso Fuerza Aérea y Brigada de Artillería, que son unidades de apoyo que actúan solo bajo la coordinación del Estado  Mayor y del Alto Mando. Los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (los llamados BIRIS), a diferencia de las regiones militares, y a diferencia de las comandancias departamentales, no tenían una sede territorial definida. Eran batallones móviles. Lo que se denomina, en la doctrina militar, la reserva estratégica del ejército, que actuaban en operaciones especiales, como unidades élites, y tenían para esto un equipamiento, un entrenamiento especial, y eran seleccionados especialmente para pertenecer a estas unidades los militares que las integraban.

La intervención de los BIRIS en aquella época del conflicto armado se producía por planificación, coordinación y órdenes del Alto Mando y del Estado Mayor de la Fuerza Armada, del jefe del Estado Mayor.

Los ejércitos son profesionales, con normativa, con manuales, con organización establecida y regulada en diferentes instrumentos. Son instituciones muy jerárquicas y muy rigurosas, aún en la actualidad. Un soldado, armado con su fusil, o un camión militar, mucho menos un helicóptero, no sale de una instalación militar sin un papel de autorización que responde a un plan de intervención, que ha sido diseñado y ordenado desde la jefatura regional departamental, y en algunos casos, desde el nivel estratégico, que es el Alto Mando y el Estado Mayor. El Mozote, y otras operaciones donde se producen estas grandes matanzas, eran operaciones combinadas, y no podían producirse si no era por instrucciones del más alto nivel.

Domingo Monterrosa no tenía el mando ni la capacidad de, por sí solo, situarse en El Mozote y perpetuar la matanza. El jefe de la brigada de artillería, o el comandante de San Francisco Gotera, por sí solos, no tenían la autoridad para ordenar que le llegara el BIRI y le dieran este tipo de apoyo aéreo. Esto es un plan, que evidentemente debe estar recogido y plasmado en documentos; un plan militar llamado Operación Rescate (nombre militar que recibe el plan de exterminio en El Mozote y zonas aledañas), que distribuye roles de las diferentes unidades, que tiene todo un anexo logístico de gasolina, avituallamiento, municiones, uniformes, lo que deba necesitar las tropas. Que se plantea objetivos, que defina las zonas en las que va a intervenir, y de acuerdo a ese plan, van interviniendo las diferentes unidades. Al Batallón Atlacatl le asignan la tarea principal, que era el exterminio humano.

VoxBox: Ok. Ahora llegamos al año 2006…

David Morales: Como les mencioné, la acusación particular se presenta en 2006 con argumentos de Derecho Internacional. Ya existía jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador que permitía reabrir los juicios, desde el año 2000.


Estos son los delitos que se les imputan a los acusados por el caso de El Mozote:


VoxBox: Tomando en cuenta que ha habido un empeño sistemático por obstaculizar este caso, ¿cuáles son las perspectivas reales de que finalmente se haga justicia?

Davida Morales: Creo que  estamos teniendo, en este momento, el ejemplo más claro de que hay una posibilidad de ganarlo. Que el sistema judicial puede reivindicar su responsabilidad histórica de impunidad, haciendo un esfuerzo extraordinario de justicia. El Tribunal Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (juzgado que está viendo el caso) se encuentra en una de las ciudades más alejadas de la capital, y por lo tanto cuenta con pocos recursos disponibles, y con poco apoyo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene poca capacidad instalada plena.

Pese a esto, creemos que hay un esfuerzo del tribunal de hacer cumplir la Ley. Está jugando un rol, a mi criterio, bastante imparcial; están respetando todas las garantías constitucionales de los imputados; está haciendo una investigación muy garantista de los derechos de los imputados, pero está permitiendo la participación también de las víctimas. La vía principal han sido los testimonios de los sobrevivientes, que por primera vez pueden declarar en una audiencia pública ante un juez; narrar lo que vivieron; que esto se convierta en prueba procesal. Los testigos no solo han consolidado la prueba sobre los hechos; su prueba es una prueba que coincide altamente con los hallazgos forenses; y han probado también categóricamente varios testigos la participación del Batallón Atlacatl, incluida la presencia de Domingo Monterrosa, al mando directo de las tropas en el terreno.

El tribunal ha requerido al comandante general de la Fuerza Armada, que es el presidente Salvador Sánchez Cerén que le remita información militar.

VoxBox: Ahorita el proceso está en la fase de instrucción, ¿qué significa esta fase?

David Morales: La fase de investigación es una fase de recolección de pruebas fundamentalmente. De impulso, de hacer llegar la prueba al tribunal. Y la siguiente fase es la de juicio, revisión de la prueba obtenida y es la que puede ser absolución o condena. En la siguiente fase se elevan las pruebas a plenario, según el antiguo Código, que es una fase que debe producirse cuando esté suficientemente investigado, cuando esté suficientemente instruido, llama la Ley, el proceso penal. Nosotros creemos que aún faltan algunos pasos para completar, que aún hay posibilidades de investigación.

VoxBox: Digamos que sale bien todo, que hay imparcialidad, y se hace justicia. ¿Qué pasaría?, ¿qué significa para El Salvador que las víctimas tengan justicia?

David Morales: Sería un hito altamente positivo para el sistema de justicia de El Salvador, por supuesto, pero también para la construcción democrática y el Estado de Derecho en El Salvador, definitivamente. No es posible que tengamos un Estado cómplice de la matanza de mil personas civiles, más de la mitad de ellos niños, niñas y adolescentes, donde se produjeron atrocidades como violaciones de mujeres; destrucción de bienes; eliminación y destrucción total de pueblos enteros. Si la justicia, si el sistema judicial de El Salvador, incluida la FGR, no tiene voluntad ni capacidad de investigar una de las más grandes matanzas en la historia reciente de América Latina, que además constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, ¿qué mensaje para la democracia y la justicia está dando el Estado? Si el propio Estado es el cómplice de la impunidad de criminales de guerra. Significa que haber tenido, o tener poder político o militar es inmunidad para asesinar mil personas.

David Morales, Director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL

 

VoxBox: Porque, además, en la actualidad la impunidad y la violencia siguen siendo asuntos recurrentes…

David Morales: Enfrentamos un escenario de violencia, y de formas diversas de violaciones de los DDHH en la actualidad, diferentes por supuesto al contexto de la guerra, pero siempre altamente trágico, dolorosísimo, con miles de muertos cada año, de muertes violentas cada año, y otras decenas de miles de delitos graves. Y para enfrentar esta violencia no podemos tener un sistema judicial, un aparato fiscal, policial, que ni siquiera es capaz de investigar la matanza de mil civiles. El Mozote es un desafío para la justicia de hoy. Las víctimas, sobrevivientes y familiares de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto, independientemente de qué bando los cometiera, han sido víctimas sometidas a una discriminación histórica; han sido una especie de ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, a los que, derechos que son por naturaleza inderogables, les han sido negados: acceso a la justicia, conocimiento de la verdad, reparaciones adecuadas… Mientras que los victimarios y quienes les respaldan políticamente han seguido en el poder, o tuvieron altas cuotas de impunidad y conservaron sus privilegios políticos y económicos. Por constitución, quien debe ser protegido por el Estado son las víctimas. Es lo que dicen los artículos 1 y 2 de la Constitución. El principio de la dignidad humana, en eso está basada toda la actividad del Estado.

Entonces vamos a tener un sistema de justicia que protege victimarios de delitos atroces, y discrimina a las víctimas de estos delitos; y observamos que este patrón de impunidad se prolongó. Ya no tuvimos ni el terrorismo ni la violencia de Estado que se tuvo en los niveles masivos y generalizados de la década de los ochenta y anteriores del conflicto armado. Este es un gran bien que generaron los acuerdos de paz y sus reformas. Pero subsistieron modalidades de graves violaciones a los Derechos Humanos. Y como han demostrado organizaciones y la misma Procuraduría de Derechos Humanos, en la década de los noventa, los dos mil, la siguiente, en la actualidad, hemos tenido casos de torturas, de ejecuciones extralegales, de lo que llamamos grupos de exterminio, que son una especie de escuadrones de la muerte con fines de limpieza social. Hemos tenido casos graves de abusos, por efectivos policiales o militares… Bueno, hasta hemos tenido casos  gravísimos de corrupción; asesinatos recurrentes contra población en situación de discriminación, como las mujeres trans y la población LGBTI; estigmatización violenta de jóvenes por fuerzas policiales.

Hace unos pocos años comenzaron a darse casos de desapariciones forzadas, no desapariciones de la delincuencia, que dolorosamente son una realidad, sino que desapariciones atribuidas a efectivos policiales o militares. Por eso la justicia en este tipo de crímenes la más importante medida de reparación a las víctimas, pero también la más importante medida de no repetición de hechos similares.

El pueblo que no hace justicia, ni reconoce su verdad, está condenado a repetirla. La tierra arrasada y las masacres de campesino de inicios de los ochenta es la trágica repetición del genocidio de 1932. Entonces hemos sido un pueblo que repite su historia de violaciones a Derechos Humanos y abuso.

VoxBox.-

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