Derechos Humanos, Política

El Espino y el legítimo derecho a la vivienda

El Espino. VoxBox.

Derechos Humanos.- Fue el 16 de mayo de este año, que el caso de la finca El Espino dio un nuevo giro: por órdenes de José Palma Trejo, juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, comenzó el desalojo de la comunidad que habita esa zona.

El desalojo continuó un par de días, llegando incluso al extremo de meter maquinaria pesada para destruir las casas.

“El Gobierno brindará apoyo económico a 76 familias de la Comunidad El Espino. Esta solución para las familias es humanista, integradora y con justicia social”, informaba unos días antes el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala.

Pero este caso no es nuevo. La disputa por este terreno data de hace varios años (y gobiernos) atrás.

De seguro ya muchos conocen, aunque sea de manera superficial, la situación de los habitantes de la comunidad El Espino. Pero para quienes no, vamos a intentar explicar en qué consiste este caso y por qué el desalojo del que han sido víctimas viola sus derechos humanos.

Para eso, en VoxBox conversamos con Arnau Baulenas, coordinador de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

VoxBox: Queremos conocer sobre el caso de El Espino, específicamente del desalojo ocurrido en mayo.

Arnau Baulenas: Lo que sucedió en mayo es una continuidad del proceso de El Espino. Digo continuidad, porque el caso no termina con el desalojo ni mucho menos, y porque es un problema de ya muchos años.

Es un caso histórico, en el sentido de que ha venido un conjunto de incumplimientos por parte de los gobiernos anteriores. Es un caso donde, además, se ha tratado de una forma muy poco humana a las familias de la comunidad de El Espino, y por tanto es una decisión —desde nuestro punto de vista— nefasta, ilegal, que tomó el juez de Paz, que ha supuesto violaciones a los derechos humanos de la familias.

VoxBox: ¿Cuándo empezó todo el proceso, entonces? Si esto es una continuidad.

Arnau Baulenas: Bueno, es una continuidad porque, desde los años ochenta y noventa, sobre todo en 1999, hay un convenio con la cooperativa, que en principio defendía los intereses de las personas, que se les tenía que ofrecer unos terrenos. Esto no se hizo. Luego en 2009, de una forma también supuestamente fraudulenta —digo supuestamente, la palabra es importante—, pues hay un convenio que se hace entre el Gobierno y la familia Dueñas, que es una permuta, donde en ningún momento se hace constar que las familias estaban en el terreno que se está permutando, ¿no?

Y luego en 2014 se inicia un proceso judicial, que termina con el desalojo. Es decir, no que termina, sino que el juez da la orden del desalojo.

El recorrido legal de El Espino

La finca El Espino tiene 1,100 manzanas de extensión, lo que la convierte en un terreno codiciado por diferentes actores sociales.

En abril de 1980, el ahora extinto Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) confiscó los terrenos a sus propietarios originales, la familia Dueñas.

¿Por qué la expropiaron? Porque la reforma agraria de ese momento permitía que se hiciera, siempre y cuando las tierras tuvieran vocación agrícola.

El ISTA, para que los Dueñas no se fueran con las manos vacías, le depositó a la familia un cheque en el Banco de Fomento Agropecuario por  SVC 10,404,600 [unos USD 1,189,097.14 al cambio actual]. Este cheque nunca fue retirado por los propietarios.

Los Dueñas fueron a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir la expropiación. Lo consiguieron siete años después. El argumento de la Corte fue que las tierras no solo tenían vocación agrícola, sino además urbanística, y la reforma agraria prohibía explícitamente esto último.

Paralelo a todos estos problemas jurídicos, desde inicios de los ochenta, con el nacimiento de la Cooperativa El Espino, los habitantes de estas zonas cultivaban café en la finca.

VoxBox: Durante el foro El Espino toma la palabra, usted hizo mención que, en realidad, la culpa no es de la familia Dueñas.

Arnau Baulenas: Nosotros lo que decimos es que hay una sentencia judicial, que puede gustar más o gustar menos, que establece que efectivamente la propiedad es de la familia Dueñas, y esto no ha sido un punto discutido. El punto discutido es que, desde un punto de vista de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el desalojo siempre tiene que ser la última opción.

Cuando hay un desalojo, no se puede proceder con el mismo si no hay una garantía de proyecto habitacional o de reubicación de las familias, que es lo que no hay en estos momentos. Fruto de ello es que las familias están en la calle.

VoxBox: El Gobierno ha ofrecido a las familias USD 12,000 para la compra de nuevas viviendas, en zonas que son altamente vulnerables.

Arnau Baulenas: El problema es que esto no es acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque es estar comprando a las personas, y las personas lo que requieren es un proyecto habitacional. Incluso en algunos casos se habían ofrecido viviendas, y cuando las personas se fueron a vivir allí les salió la pandilla y les dijo: “Mire, esta es una casa controlada por la pandilla, por tanto aquí ustedes no pueden entrar”. Esto ya es el cinismo máximo del FONAVIPO.

VoxBox: ¿El Estado no se ha pronunciado de otra manera? ¿No ha dado otras opciones?

Arnau Baulenas: El jueves pasado tuvimos una reunión con representantes del Gobierno. Estaba la comisionada presidencial para los Derechos Humanos; estaba el secretario de transparencia, el señor Marco Rodríguez; estaba el representante del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y ellos hicieron una propuesta que no ha sido aceptada por parte de la comunidad. Y no ha sido aceptada porque, creo, genera una inseguridad jurídica enorme y es una propuesta que, además, a ellos no les dan ni las escrituras ni les dan nada. Simplemente les están diciendo que se reubiquen en un terreno que tiene un remanente de derecho de vía, y por tanto los deja en peor situación de vulnerabilidad.

Cristiani, El Espino y la protección ecológica

En 1989, el país cambiaba de gobierno. El partido ARENA llegaba por primera vez al Ejecutivo, de la mano de Alfredo Cristiani, quien decidió comprar una parte de las 1,100 manzanas de terreno de la finca.

Antonio Cabrales, ministro de Agricultura de aquel momento, justificaba la compra diciendo que había planes de urbanizar estos terrenos. Se compró el 83 % de la totalidad del terreno, a un costo de SCV 89 millones [unos USD 10,171,428.57 al cambio actual].

La compra fue financiada con Bonos. El 17 % del terreno permaneció en manos de sus propietarios, porque el Gobierno ya no tenía dinero para comprar esa parte.

En mayo de 1992, el consejo de ministros acordó donar 129 manzanas de El Espino a las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán. La intención era crear un parque.

Por su parte, los ecologistas también comenzaban a pedir la protección de esa zona boscosa, considerada como “el último pulmón” de la capital.

¿Y los habitantes de la zona? Se habían constituido desde los ochenta en una cooperativa, y entre los planes estaba el de entregar 300 manzanas de terreno a la cooperativa.

Algunas instituciones ecologistas proponían reubicar a los cooperativistas en otro sitio, pero permitiéndoles usufructuar las cosechas de café durante cinco años, mientras sus nuevas tierras producían nuevos cultivos.

Pero a los cooperativistas no se les entregó nunca la propiedad de la tierra, por diferentes motivos.

VoxBox: ¿Cuáles son las solicitudes más importantes que tienen como comunidad?

Arnau Baulenas: La comunidad solo pretende algo que es jurídicamente y técnicamente lo que deben pretender: que se les reubique por la zona, en un proyecto habitacional.

Incluso la comunidad ha llegado a decir que si el gobierno no tiene la capacidad de construirles, que ellos mismos pueden ver cómo construyen.

Pero la pretensión concreta es que hay un terreno del Ministerio de Hacienda que está contiguo a donde vivían, que es del Estado, y que les den parte de este terreno para que ellos se puedan reubicar aquí. Es una pretensión realista, que el gobierno hoy mismo podría otorgar si quisiera, pero lamentablemente no entendemos por qué no lo hacen.

Justo ayer se contestó la primera propuesta que ellos hicieron el jueves pasado, diciendo que agradecían el espacio de diálogo, pero que lamentablemente no podíamos aceptar la propuesta de este terreno que se estaba ofreciendo, por todas estas cuestiones que les comentaba, y que agradeceríamos tomar a bien reconsiderar otorgar el terreno que está contiguo a donde ellos fueron desalojados.

VoxBox: En las lecturas que ustedes hacen respecto a lo que está pasando, ¿entra también el peso de las campañas electorales?

Arnau Baulenas: Sí, yo creo que cuando estamos hablando de Derechos Humanos no deberíamos hablar en clave política, pero no podemos hacer una separación. Si el gobierno del FMLN, en estos momentos, no toma la decisión de dar una protección y dar una respuesta válida y jurídicamente correcta a las familias, estará actuando igual o peor que los gobiernos de ARENA, y por tanto, es sumamente difícil de explicar, yo creo, para ellos, que al final lo que están protegiendo es un cierto sector de la sociedad y desprotegiendo a aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad.

Entendemos que la solución pasa por otorgarles el terreno del Ministerio de Hacienda.

Fotografía expropiada del diario La Página.
Fotografía expropiada del Diario La Página.

VoxBox: Esa es la lucha en la que se está ahora mismo.

Arnau Baulenas: Esta es la única alternativa viable que hay, y por tanto, como es la única, es esta la propuesta que se hace. Porque lo que tampoco permite el Derecho Internacional es que haya un desarraigo de la comunidad, que se las mande a vivir a Usulután o San Miguel o Ciudad Arce. No tiene ningún sentido. Porque aparentemente la solución es sencilla, pero no quieren hacerlo.

¿Cuál es el poder que está detrás, que no permite todo esto? ¿Será la familia Dueñas? ¿Será que el gobierno del FMLN está ayudando a los intereses de la familia Dueñas? No sé cuál es el problema. Es un terreno del Estado, se podría reubicar allí.

VoxBox: Ustedes han atendido otros casos de desalojo…

Arnau Baulenas: En alguno hemos estado, tal vez no en una forma directa como El Espino, pero sí hemos tenido conocimiento.

VoxBox: ¿Qué es lo que hace que El Espino tenga tanta relevancia mediática?

Arnau Baulenas: Para comenzar, yo creo que es un incumplimiento histórico de mucho tiempo. Es decir, nadie ha respetado a esta comunidad, todo el mundo se ha reído de la comunidad, durante muchos años. Estamos hablando de un tema que viene casi del ochenta o un poco antes. Imagínese, pues casi estamos hablando de treinta, cuarenta años. Esto es importante.

Luego, en segundo lugar, es el número de personas. Es verdad que hay comunidades afectadas, pero estamos hablando de sesenta o setenta familias. Es un número considerable, más de ciento cincuenta personas, ¿no? Y además se ha hecho todo un proceso de desalojo, que es contrario a los Derechos Humanos. La forma en la que se hace el desalojo constituye una ilegalidad.

VoxBox: Nosotros, en VoxBox, lanzamos una nota hace poco, en la que recogemos varios casos de desalojo, además de El Espino, como para dar a entender que esto es un problema sistemático en nuestro país. Sabemos que el salvadoreño promedio desconoce mucho sobre temas de Derechos Humanos, pero la opinión de casi todos era: “Estas personas quieren que les regalen casa”, “por qué no trabajan, como lo hacemos todos”. Entonces, ¿cómo se está trabajando la forma de entender que esto es una violación a los Derechos Humanos?

Arnau Baulenas: La ignorancia es muy atrevida. Estas personas tienen sus casas, estas personas el Estado ha decidido que se queden sin casas. Y el Estado ha avalado que un particular les destruya sus casas, con todas sus cosas dentro. Esto es lo que se ha dado.

Yo creo que es falta de empatía, es hablar desde la ignorancia. Son gente trabajadora, son gente resiliente, son gente que ha luchado… Pero a mí no me gusta perder el tiempo. El día que ellos se encuentren en esta situación, me gustaría saber cómo ellos actúan. El día que venga el Estado y que dé sus casitas, que habían construido con el tiempo, los echen. Es una profunda inhumanidad. Ahora son ellos, mañana puede ser cualquier otro. Imagínate que ustedes viven en una parte y el Estado dice: “Pues aquí ya no pueden vivir, ¿y qué?”. ¿Qué haces? ¿Vas a vivir durante tres semanas en la calle?

VoxBox: Para la gente que sí quisiera ayudar y no sabe cómo…

Arnau Baulenas: Que lleguen, que hablen con la comunidad, que entiendan el tema y que apoyen en medios, en redes sociales para la comunidad. Esto es lo que yo les puedo decir.

Que hablen con ellos, que conozcan la realidad. El conocimiento nos empodera a todos.

VoxBox.-

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