En Venezuela siguen sin poder tener acceso a la película venezolana El Inca, tras casi 6 meses de haber salido de modo repentino de la cartelera.
Opinión.- A pesar de encontrarse para la preselección de los premios Platino 2017 y haber sido parte del Miami Film Festival, en Venezuela siguen sin poder tener acceso a la película venezolana El Inca, tras casi 6 meses de haber salido de modo repentino de la cartelera. Hasta ahora no se ha vuelto a hablar mucho del tema en los medios de comunicación, pero he aquí un recuento del caso para el resto de Latinoamérica:
Oficialmente la decisión pareció ser conclusiva el pasado 20 de enero, cuando el juez Salvador Mata García determinó lugar al amparo contra el filme venezolano de Ignacio Castillo Cottin, sobre el polémico boxeador venezolano Edwin “el Inca” Valero, por violar derechos constitucionales contra la privacidad e intimidad de sus familiares.
Todas las proyecciones de la película y la difusión del material promocional fue suspendido a mediados de diciembre del año pasado, después de haber cumplido su tercera semana obligatoria por ley en las salas de cine comerciales del país. Con 14,613 espectadores acumulados, la orden fue emitida tras una denuncia presentada por los familiares del exboxeador, que alegaron que dicho material audiovisual era una violación contra el honor de “el Inca” Valero y la vida privada de sus hijos.
Cabe destacar que la decisión de la medida preventiva fue tomada cuando los familiares y mismo Juez Salvador Mata García admitieron que ninguno llegó a ver dicho filme previo a su prohibición, a pesar de que el hermano del fallecido lo acusó de haber estado “plagado de mentiras”, poco antes de la salida del primer tráiler promocional.
En un comunicado, el Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas (C4) expresó su rechazo a tal medida, catalogándola de un “daño patrimonial a los realizadores”, además de considerar un posible antecedente para futuros casos de censura contra otras obras cinematográficas o artísticas.
El director de la película, Ignacio Castillo Cottin, cuestionó este acto refiriéndose a él como un vulneración contra la libertad de expresión, que fue tomada “de la noche a la mañana”, sin que se pudiera realizar una defensa apropiada. Además, admitió que ya había tenido desacuerdos con la familia del pugilista, cuando le sugirieron que el papel principal debía ser interpretado por uno de sus hermanos. Esta diferencia de opiniones claramente terminó por cerrar las relaciones entre la producción y los familiares del exboxeador.
Para la decisión final se tuvo que realizar semanas antes una función privada en una sala de cine de Caracas, donde asistieron los miembros implicados en el juicio. Tanto el juez, representantes de la Fiscalía como la Defensoría, al igual que miembros en representación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y Pa’los Panas Producciones, responsables del filme.
Al final todo el material como el DCP Master y sus respectivas copias, material que es necesario para la recaudación de taquilla, se mantendrá retenido basándose en los artículos 60 y 78 de la Constitución de la República Nacional de Venezuela, así como los artículos 8 y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente (Lopnna), a forma de proteger la intimidad de los hijos del deportista, que según la versión oficial se suicidó en 2010 en prisión, tras haber sido culpado de la muerte de su esposa.
VoxBox.-
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