Noticias.- La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó por mayoría declarar en “abandono del cargo” al presidente Nicolás Maduro, arguyendo que el jefe de Estado se separó del cumplimiento de sus deberes constitucionales.
“Aprobado el acuerdo con el cual se califica en abandono de cargo a Nicolás Maduro Moros y, lo más importante, se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto”, anunció el presidente del parlamento, Julio Borges.
En una interpretación particular del “abandono del cargo”, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa a Maduro de incumplir deberes que hundieron al país en una grave crisis, con severa escasez de alimentos y medicinas, una inflación que es la más alta del mundo y una criminalidad desbordada.
“¿Por qué no salimos de esta crisis? Porque Maduro no está gobernando con la Constitución, sino fuera: está haciendo lo que le da la gana. La Constitución habla del derecho a la alimentación, a la salud, a la vida”, afirmó Julio Borges, quien asumió el pasado jueves la presidencia del Parlamento, en relevo de Henry Ramos Allup.
Según la Constitución, si el Legislativo declara la “falta absoluta” del presidente antes de que cumpla su cuarto año de mandato el 10 de enero, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será reemplazado por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
Alistándose para esta nueva etapa de confrontación, Maduro rearmó la semana pasada su gobierno y nombró a Tareck El Aissami, de 42 años y quien se dice “chavista radical”, como vicepresidente, a quien el domingo puso al frente de lo que llamó un “comando antigolpe”.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, el hecho de que el TSJ desconozca al Poder Legislativo “bastaría para anular la declaratoria de abandono”, por lo que si esa situación no se soluciona, “ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones”.
“Para ser efectiva realmente debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Habrá que ver si viene acompañada de una estrategia de calle que busque escalar la protesta”, afirmó Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).
En diciembre, la mayoría parlamentaria declaró la “responsabilidad política” del presidente en la crisis, con el fin de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y de todas formas el TSJ también anuló esa decisión.
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