Política.- Para quienes todavía no saben cuáles son las funciones de la Fiscalía General de El Salvador, les mencionamos algunas de las que establece la Constitución: defender los intereses del Estado y de la Sociedad. Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal.
La lista continúa (tiene 10 puntos), pero no vamos a ponerlos todos. Mejor, si quieren leerlos, aquí les dejamos este enlace.
¿Perder juicios de forma estrepitosa está incluido en esa lista? No, esto no está en la lista, pero es lo que más ha hecho el señor fiscal general desde que inició su gestión. Nada menos esta semana ha vuelto a estar en el ojo de la noticia, con una noticia que indignó a todos: la victoria con sabor a derrota en el caso de Antonio Saca.
¿Falta de capacidad técnica o escasez de profesionales competentes? No es descabellado pensarlo. Pero más creeríamos que es falta de interés: el caso de la periodista Karla Turcios se resolvió con abrumadora eficacia, con la captura de Mario Huezo, la pareja de vida de Karla. Y no, no nos estamos quejando de que el caso de Turcios se resuelva pronto, solo ponemos como prueba de lo que estamos diciendo: parece que la Fiscalía solo es eficiente en casos específicos. ¿Por qué no ha actuado con la misma diligencia en el caso de Carla Ayala?
Pero vamos, dejemos de ser tan mal pensados. ¿No ha sido tan malo el trabajo de la actual administración de la Fiscalía General de El Salvador? ¿O sí?
Bueno…
Las derrotas recientes de la Fiscalía General de El Salvador
Elías Antonio Saca
“Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión por actos de corrupción… Y eso lo hace merecedor de catalogarse como un hecho histórico dentro de la historia de El Salvador”, dijo Jorge Cortez, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera.
¿Realmente es un hecho histórico? Sí, sin duda lo es. Pero eso no lo convierte en algo positivo. Lo cierto es que el proceso contra Saca ha hecho enojar a todos los salvadoreños con un mínimo de sentido común: la cantidad de años que se le imputaron no se correspondía con la cantidad de dinero robado. Pero está bien, esa no fue responsabilidad del fiscal sino del juez, digamos.
Lo que sí compete a la fiscalía es dar cuenta de qué se hizo con el dinero… Con USD 275 millones, para ser exactos.
El mismo Cortez dijo que esa suma de dinero en efectivo ha sido difícil de rastrear y detectar. “Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de ubicar todas las propiedades habidas por esta persona, sus testaferros, que habían comprado con fondos públicos”.
Francisco Flores
En una nota del año pasado, te contábamos sobre algunos casos de corrupción de Centroamérica. En representación de El Salvador, mencionábamos el caso del expresidente arenero Francisco Flores.
Pues lo que parecía un caso sólido (el mismo Flores constató ante la Asamblea y el país entero el uso de estos fondos) se convirtió en espuma: el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró demostrarle que Flores desvió USD 15 millones de donativos entregados por el Gobierno de China (Taiwán), para los damnificados de los terremotos de 2001.
Por eso, el tribunal resolvió que los hijos del expresidente Flores, herederos universales del exmandatario, no deben devolverle al Estado esta cantidad.
Reynaldo Cardoza
El caso de Cardoza, aunque no tan sonado como el de Flores, sí refleja bastante bien lo que estamos diciendo.
En marzo del año pasado, la Cámara Segunda de lo Civil declaró no responsable de enriquecimiento ilícito por un poco más de USD 1.5 millones al diputado López Cardoza. Pero la fiscalía apeló a la decisión de los magistrados. El señalamiento de enriquecimiento ilícito también estaba en contra de la esposa del diputado, Alma Gutiérrez de López. Se suponía que ella debía reintegrar a las arcas del Estado un total de USD 78,000 que no pudo justificar en su patrimonio personal.
¿Y qué sucedió? La Cámara no solo no aceptó la apelación contra Reynaldo, sino que además exoneró también a su esposa.
Casual.
Raúl Mijango
Raúl Mijango es un exlíder guerrillero que en los últimos años se volvió relevante en El Salvador, por ser uno de los mediadores en aquel oscuro proceso de la tregua entre pandillas.
Mijango está guardado en prisión por dos delitos: el de homicidio, por supuestamente haber mandado a envenenar a un pandillero en 2012, y el otro por extorsión a una empresa de granos básicos.
Esta semana, la Cámara Especializada de Santa Tecla revocó la detención de Mijango por el delito de homicidio. ¿Por qué? Los magistrados dijeron que hay inconsistencias en torno a la imputación efectuada por la Fiscalía General de El Salvador. Por ejemplo, la declaración del testigo clave la consideraron “poco creíble y no corroborada”.
Max González
Del caso de González ya hemos hablado también aquí en VoxBox. Si quieren conocer más, pueden entrar a esta nota.
Pero para hacer un resumen de lo que nos interesa: al Gordo Max no lo liberaron por haberse probado su inocencia, sino que fue sobreseído porque la Fiscalía no fue capaz de plantear un buen caso. Una víctima fue desaparecida y nadie sabe de ella. Seguramente está muerta.
Fiscalía General de El Salvador: ¿Un buen perdedor?
Ya sabemos que en los comentarios de Facebook nos van a dejar lindos mensajes explicándonos cosas como que así funcionan todos los sistemas judiciales del mundo. Nos van a preguntar con sorna cosas como que quiénes somos nosotros para decidir si estas personas son o no culpables, o simplemente nos van a decir que nos está pagando tal o cual partido, y así, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a dejarlo claro: no estamos queriendo imponer nuestro criterio, mucho menos en un tema tan delicado como el judicial.
Lo que estamos señalando es un patrón, una situación que se está repitiendo con demasiado frecuencia: el problema no es que los dejen libres o no, el problema es que los dejan libres no por probarse su inocencia, sino simple y sencillamente porque la Fiscalía General de El Salvador no ha sabido plantear bien el caso. Probablemente todos ellos son inocentes, es una duda razonable y hasta un principio jurídico (aquello de: “Inocente hasta que se demuestro lo contrario”).
Aquí lo que estamos haciendo es insistiendo en que tenemos una institución cuya función principal es velar por los intereses del Estado y la sociedad, y no lo hace. O sea: no cumple con la función para la que fue creada.
Y eso, amigos, también es una forma de corrupción.