Opinión.- El 2 de diciembre de 1980, cuatro religiosas de origen estadounidense, de la congregación Maryknoll y de las Ursulinas, regresaron a El Salvador para seguir con su misión: ayudar a los más desamparados, de la zona de Chalatenango, en lo que se había convertido en la represión más agresiva del gobierno desde 1932.
Esta represión ya había tenido sus primeros impactos. En 1977, escuadrones de la muerte asesinaron al sacerdote jesuita Rutilio Grande, durante los siguientes años hubo una persecución abierta contra todo religioso o religiosa sospechoso de ayudar a la guerrilla, Operación Centauro se llamaba esta estrategia, que era ejecutada desde la Guardia Nacional y usaba también escuadrones de la muerte. En marzo de 1980, Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, la cabeza de la Iglesia católica salvadoreña, fue asesinado mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.
Pero la represión no paró, ni contra el pueblo, ni contra los religiosos (nacionales o extranjeros). El 2 de diciembre de 1980, mientras viajaban por carretera, desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador hasta el departamento de Chalatenango, las monjas norteamericanas Ita Ford, Maura Clarke y Dorothy Kazel, y la misionera laica Jean Donovan, fueron detenidas por miembros de la Guardia Nacional. Las cuatro mujeres habían llegado al país centroamericano para brindar su apoyo a los pobres y más necesitados que se veían afectados por los atropellos de aquel entonces, que dejaron 75,000 muertos como saldo de la guerra civil, que tuvo fin hasta 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec.
Aquella noche cuatro valientes mujeres fueron torturadas, violadas y asesinadas. Sus verdugos obligaron a un campesino a que las enterrara en una fosa, en medio de un camino rural. Fue ese campesino quien confesó el hecho a su párroco al día siguiente, y de esta manera las religiosas pudieron ser ubicadas, al tercer día de su desaparición.
La fotografía del paraje rural con los cuatro cadáveres y tres religiosas arrodilladas frente a ellos dio la vuelta al mundo, con un mensaje claro: la violación a los derechos humanos infligida contra el clero no tuvo piedad en relación con cualquier otro conflicto armado en la época. En El Salvador, la extrema derecha tuvo un lema: haga patria, mate un cura… Y todo lo que oliera a Iglesia católica.
Tras conocerse el asesinato de Ford, Clarke, Kazel y Donova, la por entonces embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Jean Kisrkpatrick, calificó a las religiosas como “subversivas”. Aunque su opinión no causó mayor impacto en la sociedad, puesto que Estados Unidos apoyaba a la dictadura salvadoreña, con el adiestramiento de la Fuerza Armada en centros militares estadounidenses y la formación de escuadrones de la muerte en la Escuela de las Américas.
El Gobierno estadounidense presionó al Gobierno de El Salvador a que investigara este atroz asesinato, y como resultado fueron condenados cinco miembros de la Guardia Nacional, pero los autores intelectuales nunca fueron condenados. En noviembre de 2000, la Corte Federal de Florida de Estados Unidos absolvió a José Guillermo García, exministro de Defensa, y a Carlos Eugenio Vides Casanova, exdirector de la Guardia Nacional, autores intelectuales del crimen, de cualquier responsabilidad en el secuestro, violación y asesinato de las cuatro religiosas.
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