La reducción de las penas fue propuesta ante el Congreso hondureño por el diputado oficialista Agapito Rodríguez, cercano al presidente Juan Orlando Hernández.
Detalles.- El Congreso hondureño aprobó rebajar las penas por corrupción en un nuevo Código Penal, concebido para reforzar la lucha contra el crimen organizado, denunció este lunes la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Alertamos sobre problemas de reducción de penas a delitos de corrupción. Mala señal para el país”, advirtió en su cuenta de Twitter el peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de la MACCIH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El diputado opositor Rasel Tomé explicó que, en una rectificación del acta de la sesión del 8 de agosto, el Congreso aprobó por mayoría la reducción de las penas sin que trascendiera a la prensa.
“Es una práctica gansteril del partido oficialista, porque el artículo 475 se había aprobado con penas de nueve a doce años de cárcel para los delitos de malversación de caudales públicos, y en la rectificación del acta los dejaron de seis a nueve”, detalló Tomé.
En la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, cuando se había aprobado con penas de seis a nueve años.
La reducción de las penas fue propuesta por el diputado oficialista Agapito Rodríguez, cercano al presidente Juan Orlando Hernández, según el opositor.
Jiménez Mayor pidió al Congreso “una mejor redacción de delitos por corrupción y ampliar penas”. La renovación del Código Penal apunta a reforzar la lucha contra el crimen organizado, que tiene a Honduras con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con cerca de 60 por cada 100,000 habitantes.
Caso similar en El Salvador
El caso hondureño no ha sido único: el pasado 18 de julio el Congreso de El Salvador aprobó unas reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que fueron criticadas y cuestionadas por varios sectores nacionales e internacionales, porque las mismas debilitan o anulan las herramientas legales de las que puede disponer la Fiscalía General de la República y los tribunales competentes para combatir el crimen organizado y la corrupción.
Sin embargo, la máxima autoridad en materia constitucional de El Salvador suspendió la entrada en vigencia de estas reformas, por considerar que están en contradicción la máxima ley del país.